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Una ciudad texana resiente el abandono de sus autoridades en la tormenta


DEL RÍO, Texas — Rodeada de tierras de rancho y elevada sobre mezquites y hectáreas de matorrales espinosos, Del Río es una ciudad fronteriza que puede ser la ejemplificación de la zona rural de Texas. Sus residentes afirman que, desde hace mucho tiempo, se han sentido apartados de los centros de poder del estado y desconcertados debido a los cambios de criterios sobre la inmigración por parte de sus dirigentes electos en Washington.

Y eso ocurre en épocas normales. La épica tormenta invernal de la semana pasada hizo que muchas personas se sintieran todavía más aisladas, ignoradas y olvidadas, pues la tempestad cubrió el área con más de 30 centímetros de nieve y colapsó la red eléctrica, dejando a oscuras y sin calefacción a la mayoría de los residentes del condado.

Después de más de una semana, muchos anaqueles de las ferreterías y las tiendas de comestibles locales siguen vacíos y el jueves, finalmente, terminó la advertencia de hervir el agua en el condado de Val Verde, donde se ubica Del Río. A principios de la semana, una fila de autos de más de 1,6 kilómetros avanzaba lentamente hacia un lugar de distribución de alimentos, donde las autoridades federales repartían agua, fruta fresca y productos agrícolas. Y el jueves, cuando los legisladores estatales interrogaron sobre la falla de la red eléctrica a los funcionarios de servicios públicos en Austin, a 400 kilómetros de distancia, los empleados de un programa de nutrición de esta ciudad proporcionaban comidas a cerca de 600 residentes, más del doble de lo que habitualmente ofrecen a diario.

“En definitiva, creo que ni nos ven ni nos oyen”, afirmó Michael Cirilo, funcionario de 39 años del centro de detención juvenil. Al igual que la mayoría de sus vecinos en Del Río, una ciudad predominantemente latina de unos 36.000 habitantes, la semana pasada se quedó sin energía eléctrica durante varios días. “A veces sentimos que aquí estamos muy solos”.

Del Río es una ciudad bicultural ubicada al suroeste del estado, sobre la meseta de Edwards, y se encuentra cruzando el río Bravo desde Ciudad Acuña, México, una estación de paso para los migrantes que cruzan a Estados Unidos. La base de la fuerza aérea de Laughlin, donde se entrenan los pilotos del ejército, se localiza al este de la ciudad y San Antonio, el área metropolitana más cercana, está a unos 240 kilómetros de distancia.

Rick Martinez, de 41 años, quien es propietario de un mercado en la ciudad, a lo largo de la semana pasada ha hecho varias veces el viaje de más o menos tres horas a San Antonio para abastecerse de productos agrícolas que no han sido reabastecidos en Del Río. La tormenta recalcó lo aislada que se encuentra esta ciudad y afirma que él no puede depender de la ayuda del gobierno durante una crisis.

“Tal vez debamos trabajar juntos en la respuesta de nuestra comunidad a las emergencias y dejar fuera al gobierno en todo el proceso”, comentó, refiriéndose a su lugar de origen, “porque ellos nos ignoraron todo el tiempo”.

En su opinión, a los políticos solo les interesa Del Río, donde ha vivido toda su vida, en épocas de campaña. “Los vemos solo cuando están contendiendo por el cargo”, dijo riéndose. “La gente pasa de largo, nunca se detiene aquí”.

Durante décadas, el condado de Val Verde, donde el ingreso promedio por familia es de aproximadamente 46.000 dólares y donde cerca del 85 por ciento de los residentes son latinos, ha sido inestable en términos políticos. Pero después de muchas elecciones presidenciales en las que Val Verde se inclinó por el candidato demócrata, en noviembre apoyó a Donald Trump. Martinez fue de los que consideraban que Trump era alguien que escuchaba, sobre todo en cuestiones de inmigración.

Martinez afirmó que ningún otro funcionario electo ha encontrado otra manera viable de corregir el sistema de inmigración de tal modo que sea sustentable para la ciudad. “Necesitábamos a alguien, al menos en nuestra opinión, que comenzara a combatir una serie de medidas que nos perjudican”, comentó. “Trump ha dicho cosas que quizás fueron desagradables para algunas personas, pero nosotros siempre sentimos que estaba luchando por nosotros”.

Durante estas últimas semanas, alentados por las expectativas de una recepción más amable por parte del gobierno de Joe Biden y por cambios en la política mexicana que dificultan que Estados Unidos deporte a algunas personas, ha aumentado el número de migrantes que entran a Del Río.

Este aumento ha preocupado al alcalde Bruno Lozano, conocido como Ralphy, quien dijo que la ciudad solo cuenta con un centro para atender a los migrantes y con una cantidad limitada de voluntarios, por lo que la semana pasada le pidió al presidente Joe Biden que detuviera de manera temporal el flujo de personas procedentes del otro lado de la frontera. En un video, señaló que la tormenta invernal había agotado los recursos de la ciudad y Del Río no podrá salir adelante.

“Si envía a estas personas a nuestra comunidad, nos veremos obligados a tomar la decisión de dejarlos sin recursos en estas terribles circunstancias”, dijo en el video, el cual incluía imágenes de anaqueles desabastecidos y largas filas de compradores con cubrebocas que esperaban para entrar a una tienda de comestibles.

El alcalde, del Partido Demócrata, también le solicitó a Biden que no liberaran a los migrantes sin hacerles una prueba adecuada de COVID-19 con el fin de proteger a los “ciudadanos que pagan impuestos”.

Lozano, de 38 años, dijo que entendía las preocupaciones de sus electores y por qué alguien como Martinez votó por Trump.

“El gobierno federal está obligando a la ayuda local, a los voluntarios locales, y a las organizaciones locales sin fines de lucro a elegir entre sus propios ciudadanos, amigos, familiares y vecinos, y los migrantes que han pasado por el infierno y han vuelto a cruzar a Estados Unidos”, dijo durante una entrevista a este semana. “No deberíamos tener que vernos obligados a procesar a estos migrantes, incluso en los buenos tiempos”.

Al final, solo una familia de migrantes pasó la noche en Del Río durante la tormenta de la semana pasada, señaló Tiffany Burrow, directora de operaciones en la Alianza Humanitaria Fronteriza de Val Verde. Los migrantes arrestados por la Patrulla Fronteriza son entregados a ese centro y los voluntarios ayudan a agilizar los detalles no financieros del viaje a su destino final.

El 21 de febrero, cerca de 20 migrantes buscaron ayuda en esta alianza. Pero dos días después, esa cifra había aumentado a 76, cerca del triple de lo que normalmente se veía en una sola semana antes del reciente aumento que comenzó el mes pasado, explicó Burrow.

Lozano señaló que no tenía otra opción que darles prioridad a sus residentes sobre los inmigrantes. “Aquí estamos, en una ciudad rural desconectada de las principales áreas metropolitanas… y nos abandonan”, señaló.

No solo se trata de cuestiones de la frontera, dijo. Lozano dice que está decepcionado de que los titulares hablen de importantes proyectos de tránsito e infraestructura y de puestos de vacunación masiva contra el coronavirus en todo el estado y el país y que estas iniciativas no hayan llegado a Del Río. “¿Y nosotros qué?”, preguntó.

Muchos residentes de toda la ciudad compartían la misma opinión.

Elsa Hernández, una secretaria escolar jubilada, no ha tenido agua potable en más de una semana. Comentó que no pueden reparar las tuberías rotas porque ninguno de los plomeros en Del Río tiene material. Hernández, de 68 años, ha estado alojándose en la casa de una amiga por varios días y se siente desatendida.

“Tengo la sensación de que no cuento con ningún apoyo”, mencionó y añadió que le preocupa cómo va a pagar los daños ocasionados por la tormenta. También culpó a las autoridades de la ciudad quienes, según ella, no tuvieron la capacidad de preparar adecuadamente a los residentes para el embate del temporal.

Aproximadamente 30.000 de los 49.000 residentes del condado de Val Verde no tuvieron energía eléctrica durante la tormenta, señaló el juez del condado, Lewis Owens, el funcionario electo de más alto rango. Cuando el agua perdió presión en un hospital, tuvieron que transportar a unos quince pacientes que requerían diálisis a Eagle Pass, otra ciudad fronteriza que se encuentra a una hora de distancia.

El jueves, los legisladores estatales celebraron audiencias para investigar al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas y la manera en que manejó los apagones de la semana pasada, los cuales afectaron a casi todos los 254 condados del estado y dejaron a más de cuatro millones de texanos sin electricidad —algunos sufrieron la interrupción del servicio eléctrico durante muchos días—. Cinco funcionarios han renunciado a la junta directiva de la empresa, la cual opera la red eléctrica de Texas.

Lozano señaló que su oficina también se quedó sin energía eléctrica y el acceso a internet era intermitente, lo que dificultó la coordinación de la ayuda y estar en contacto con los residentes. Sin embargo, afirmó que, gracias a estas lecciones, estarán mejor preparados para el próximo desastre.

Lozano y otros funcionarios electos dijeron que la tormenta destacó lo poco preparada que estaba la región para una crisis de esa magnitud. El condado no tenía suficientes generadores o una reserva de lo básico, como agua embotellada, dijo Owens, pero los tendrá para el próximo desastre.

Sin embargo, los residentes criticaron a sus funcionarios electos. Debra Reschman-Luna, una educadora que vive en Del Río, dijo que sentía que varios líderes de la ciudad habían evadido sus responsabilidades. “Es un poco difícil que el gobierno federal te escuche y te vea, si los funcionarios locales no tienen tiempo para ti”, dijo.

Reschman-Luna dijo que sus inclinaciones políticas eran “totalmente fluidas”. Ella no se identifica como republicana o demócrata y, en cambio, vota por el candidato que siente que “sirve al bien común”. Depende de los funcionarios locales asegurarse de que las voces de sus residentes tengan eco en los más altos niveles, dijo Reschman-Luna, y agregó que eso no sucedió durante la emergencia por la tormenta.

Para otras personas, la política estaba lejos de sus mentes.

Esta semana, Juanita Balderas, de 31 años, arrastraba una carreta por un camino de tierra hasta el sitio de distribución de alimentos, que se instaló frente a un cementerio, en un tramo de tierra árida decorada con flores artificiales que estaban esparcidas junto a las lápidas. Balderas dijo que optó por caminar desde la cercana casa de su madre, después de que se enteró de cuán larga era la fila.

Balderas dijo que se había abastecido para el clima frío, pero toda su comida se echó a perder después de que se quedó sin electricidad el lunes pasado. Las tuberías de su casa estallaron, por lo que ella, junto a su esposo y sus dos hijos, se fueron a la casa de su hermana.

Lo único que le importaba era poner algo de comida en su mesa y reparar su hogar destrozado. “¿Sabes qué? Las cosas pasan, no puedes controlar el clima”, dijo. “No puedo culpar a nadie”.

Giulia McDonnell Nieto del Rio es una colaboradora de temas nacionales. Previamente reportó en su ciudad natal de Los Ángeles, así como en las ciudades de Nueva York y Washington. @GiuliaMcDonnell



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