The stretch of Roosevelt Avenue in Queens teemed with people weaving their way through carts and stands that offer everything from sweet-scented roast corn to masks.
En una esquina se encontraba Cristina Sánchez, desolada, en un puesto de productos agrícolas. No había vendido nada. Durante la pandemia primero perdió su trabajo, luego su habitación de alquiler, lo que provocó que cayera en una carrera frenética por sobrevivir: primero vendió productos, luego tacos y después volvió a las frutas y verduras.
Jackson Heights fue parte del “epicentro del epicentro” de la pandemia en Nueva York. Los efectos de esos primeros meses aún reverberan entre los trabajadores migrantes que perdieron su empleo y se enfermaron a una velocidad alarmante.
“Las personas que sobrevivieron están luchando para poner comida en sus mesas”, dijo Yatziri Tovar, portavoz de Make the Road New York, un grupo de defensa de inmigrantes.
Más del 60 por ciento de sus miembros perdieron sus trabajos. Y al menos 50 han muerto.
Cuando el coronavirus apareció en Nueva York, pagaba 60 dólares semanales por subarrendar una habitación en la avenida Roosevelt. Pagó durante cuatro meses hasta que se agotaron sus ahorros.
El propietario la desalojó y aunque sus amigos la instaron a luchar contra el desalojo —hay una suspensión en vigor hasta finales de este año— se sintió intimidada.
En 2006, Gerardo llegó a Nueva York desde México luego de que su empresa de camiones fuera atacada por personas que, según contó, lo agredieron y robaron el mejor camión de su flotilla.
Se instaló en Jackson Heights, donde ahora vive en una calle arbolada con su esposa y sus dos hijos. Pero esas comodidades que tanto le costó ganar ahora están en peligro.
Su esposa perdió su trabajo en un restaurante. Sus clientes pidieron el reembolso de sus adelantos. Al no poder calificar para subvenciones o préstamos, Gerardo vendió uno de sus autos y agotó sus tarjetas de crédito para hacer las devoluciones.
Ha vendido estos productos en Jackson Heights desde que llegó a Nueva York hace 15 años. Y, desde que comenzó la pandemia, ha ayudado a otros, como Sánchez, a montar sus propios puestos.
No obstante, la afluencia de vendedores nuevos ha dificultado su trabajo.
Ahora pertenece a una coalición de vendedores ambulantes que incluye a las organizaciones Make the Road y Street Vendor Project, además de defensores y políticos que instan a los funcionarios a aprobar un proyecto de ley que crearía un Fondo de Trabajadores Excluidos, el cual impondría impuestos a los más acaudalados de la ciudad para proporcionar ayuda financiera a los trabajadores que viven en Nueva York sin permiso legal.
“Ha habido muy poca ayuda, así que hemos tenido que resolver esto por nuestra cuenta”, afirmó Jessica Ramos, senadora estatal que patrocina el proyecto de ley.
Muchos funcionarios de las comunidades de inmigrantes también están presionando para reducir el límite de permisos y así evitar una catástrofe aún mayor. Un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado en el concejo municipal añadiría 400 permisos más de vendedores ambulantes de alimentos al año, durante una década.
Sabina espera que estas iniciativas los ayuden pero le preocupa que, a medida que la ciudad intenta volver a algo parecido a la normalidad, resurjan los viejos problemas.
Fotografías y video de Juan Arredondo.
Texto de David Gonzalez.
Editado y producido por Jeffrey Furticella y Meghan Louttit.
